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De asilos y extradiciones: la internacionalización de la guerra sucia colombiana

 José Antonio Gutiérrez D.

Rebelión

El conflicto colombiano está cada vez más internacionalizado. Varios hechos recientes lo demuestran: por una parte, los pedidos de extradición de militantes de izquierda de varios países por supuestos vínculos con las FARC-EP; por otra parte, la negación por parte del Tribunal de Estrasburgo de la extradición del connotado mercenario israelí Yair Klein; por último, tenemos el asilo conseguido en Panamá por la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, que denuncia una imaginaria cacería de brujas de la Corte Suprema en su contra. En todos los casos, lo más notable del actual contexto, es que tanto el imperialismo como el Estado colombiano buscan avanzar a un escenario de mayor persecución de los sectores de oposición o de simpatías revolucionarias en todo el mundo, a la vez que se refuerza la tendencia a la impunidad por los crímenes del bloque en el poder en Colombia.

 

Las extradiciones de los internacionalistas: disuasión y desgaste

 

El tema de las extradiciones es un asunto espinoso que está en el centro de la estrategia de internacionalización de la “guerra sucia” por parte de Colombia. Mediante los constantes pedidos de extradición a elementos catalogados “sospechosos” de simpatizar políticamente con la oposición colombiana (armada o sin armas), mediante la fabricación de pruebas espurias, se busca acabar con cualquier escenario internacional que cuestione las políticas guerreristas y abiertamente pro-imperialistas del Estado colombiano. Tal es el caso del pedido de extradición a Colombia que se ha hecho del militante comunista chileno y miembro del Movimiento Continental Bolivariano, Manuel Olate, gracias a “pruebas” sin base jurídica, como son los supuestos archivos del ultra-manipulado súper computador del fallecido comandante de las FARC-EP Raúl Reyes y su simpatía con la causa insurgente en Colombia, como si existiera la figura legal del delito de opinión[1].

 

Manuel Olate no es el primer extranjero al cual se le ha buscado extraditar a Colombia mediante las supuestas pruebas del computador de Reyes: más de dos años antes, en el 2008, mediante la llamada “Operación Cali”, la española María Remedios García había sido arrestada por ser uno de los supuestos enlaces de las FARC-EP en Europa. De igual manera, un número de ciudadanos españoles, italianos, daneses y australianos, estuvieron en la mira por ser, según el paranoico Estado colombiano, las “fichas claves” de las FARC-EP en Europa[2].

 

En el marco de acoso permanente y de criminalización de toda forma de solidaridad con las organizaciones populares colombianas y de toda denuncia del Estado colombiano, el cuco de las FARC-EP, tal cual Al-Qaeda, es un comodín con el cual globalmente se busca criminalizar cualquier expresión de lucha, desde los separatistas vascos hasta la lucha de los mapuche en Chile –frecuentemente, se hace una confusa amalgama en la que todos comparten la misma cama[3]. Aún cuando no se logre el objetivo de extraditar a los internacionalistas, se les desgasta mediante la "guerra jurídica".

 

Guerra jurídica y Operación Europa

 

Como toda acción del Estado colombiano se duplica en líneas paralelas, utilizando así los canales legales e ilegales, junto a los pedidos de extradición, el DAS, la policía política colombiana, implementó todo un plan de infiltración, vigilancia, seguimiento y presiones en el Viejo Continente, llamado “Operación Europa”, el cual se filtró como parte de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía sobre el caso de las chuzadas, es decir, el espionaje y acoso a opositores en Colombia[4]. El coordinador de esta red habría sido el funcionario del DAS Germán Villalba, quien se habría dedicado a realizar acciones de espionaje y de “inteligencia” en el Parlamento Europeo, así como visitando diversos foros y seminarios sobre cuestiones de la realidad colombiana. Su labor era determinar quiénes eran los “adversarios” del régimen colombiano y neutralizarlos mediante el desprestigio[5].

 

La ficha del DAS que describe los puntos fundamentales de esta Operación habla por sí sola:

 Operación Europa:

Objetivo: Neutralizar influencia en Sistema Jurídico Europeo.

Comisión de DDHH Parlamento Europeo

Oficina Alta Comisionada DDHH-ONU

Gobiernos Nacionales

Estrategia: Desprestigio

Acción: Comunicados y denuncias, páginas web

Guerra Jurídica[6]

 Como se ve, no se han agotado medios para hostigar a quienes se atreven a denunciar el terrorismo de Estado que impera en Colombia.

 

Las extradiciones como parte del juego diplomático con Venezuela

 Por otra parte, no son solamente los regímenes de la derecha política los cuales colaboran con esta política de persecución transnacional. Hugo Chávez, en Venezuela, ha extraditado recientemente a tres supuestos guerrilleros del ELN y las FARC-EP a Colombia[7]. Esta no es la primera vez que el gobierno de Venezuela extradita presuntos guerrilleros a Colombia, donde no tienen posibilidad ni de juicio justo y donde enfrentarán toda clase de torturas. Por nombrar solamente algunos casos, un presunto guerrillero del ELN había sido extraditado el 2001[8] y 5 presuntos guerrilleros también del ELN habían sido extraditados en Mayo del 2009, en medio de varias operaciones conjuntas en la frontera colombo-venezolana[9]. Ni es la primera, ni tampoco será la última[10]. Al parecer, cada vez que Chávez intenta mejorar las relaciones con Colombia (y de paso, aplacar la estridencia del imperialismo en su contra), se siente obligado a sacrificar a algunos desdichados para dar prueba de “buena fe”. En este caso, al parecer, estos tres presuntos insurgentes serían una ficha de cambio por la extradición a Venezuela del narcotraficante Walid Makled que Chávez venía buscando hace tiempo[11]. Como sea, lo más complejo es la declaración con la cual anunció la extradición, la cual repite los lugares comunes que desde Bogotá y Washington, se machacan día y noche sobre la realidad colombiana:

 

 

“El Gobierno Bolivariano ratifica así su compromiso inquebrantable en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad, en estricto cumplimiento de los compromisos internacionales, y bajo los principios de paz, solidaridad y respeto a los derechos humanos”[12]

 

 

Nótese el reduccionismo del complejo conflicto colombiano al discurso unidimensional uribista que lo reduce a un fenómeno de mera “criminalidad”. Nótese además, que los derechos Humanos, cómo no, están representados, en este discurso, por el sacrosanto Estado colombiano. Que no se hable de falsos positivos; ni del cordón umbilical que unía al narcotráfico, al ejército y al paramilitarismo; ni de hostigamiento y asesinato de dirigentes sociales a manos de los aparatos de inteligencia del Estado; ni de que las fuerzas militares sean de lejos las mayores violadoras del Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Nada de eso, como decía una canción, “son rumores, son rumores”[13].

 

Mientras los Estados se dan la mano y trituran a los pueblos a su paso, nos queda cada vez más claro que la idea de la integración de los pueblo desde abajo no es lo mismo que la integración de los Estados desde arriba. Como tantos otros, este sigue siendo un debate pendiente.

 

Yair Klein: la ultraderecha no se toca

 

Mientras la persecución contra los sectores con simpatías revolucionarias o contra simples defensores de derechos humanos arrecia, los que han apoyado escuadrones de la muerte de ultraderecha, dictaduras proto-fascistas y otras formas de terrorismo de Estado, pueden estar tranquilos.

 

Tomemos por ejemplo el caso de Yair Klein. Éste es un mercenario israelí, con experiencia en lugares como el Líbano y Sierra Leona, que viajó a Colombia entre 1988-1989 contratado, según él mismo reconoció, por el ejército, por ganaderos, terratenientes, narcotraficantes, para formar escuelas de entrenamiento paramilitar. Esta escuela, conocida como “Cero Uno”, se montó, según testigos, en varias fincas de hacendados y en instalaciones de la Texas Petroleum Co. en el Magdalena Medio (Puerto Boyacá), región donde se consolidó tempranamente ese modelo paramilitar de integración de multinacionales, con terratenientes, narcotraficantes y políticos que con Álvaro Uribe se tomaría la presidencia. Ahí llegó Yair Klein junto a ex soldados británicos y agentes del Mossad, a impartir sus macabras lecciones a nombre de una empresa de seguridad privada, la Hod Halanit (Spearhead Inc.). De su mano, se formaron algunos de los más sanguinarios sicarios y escuadrones de la muerte de la historia colombiana, que aplicaron gustosamente sus conocimientos en técnicas de tortura, terror, descuartizamiento y asesinato en cientos de masacres que desde entonces han enlutado al pueblo colombiano. Por sus servicios se le pagaron la nada despreciable suma de U$80.000[14].

 

El 2002 un juez de Manizales (Caldas), sentenció a Klein a 10 años de prisión por su rol en la formación del paramilitarismo moderno en Colombia, lo cual generó una orden de captura por parte de Interpol. En el 2007 Klein fue arrestado en Moscú e inmediatamente su defensa interpuso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo un recurso para impedir la extradición a Bogotá, argumentando que Klein corría riesgo en las cárceles colombianas, podría sufrir torturas y que no se le podía garantizar un juicio justo. El 4 de Noviembre del corriente año, el Tribunal confirmó su negativa a la extradición al considerar que en Colombia no se pueden garantizar la integridad física de Klein[15]. Así las cosas, Yair Klein ha sido dejado en libertad por Rusia[16].

 

Yair Klein, la hipocresía del discurso de la UE hacia Colombia

 

Permítaseme un paréntesis: este fallo sobre el caso Klein demuestra la hipocresía de la Unión Europea que, por una parte reconoce lo que todos sabemos, y es que en Colombia se tortura (7.500 presos políticos y de guerra colombianos que sufren toda clase de vejaciones y espantosas torturas, ninguno de los cuales tuvo un debido proceso, son prueba viviente de ello –a diferencia de los paramilitares, que reciben trato privilegiado y a los cuales se les permite hasta el ingreso de sus “mozas” a la prisión). Y por otra parte, decide reforzar la “cooperación” con el Estado colombiano y avanzar a un Tratado de Libre Comercio, diciendo que Colombia es un Estado de Derecho respetuoso de los derechos humanos. La carta humanitaria de la UE es así manejada según convenga: para proteger a mercenarios de Israel, Colombia es un Estado incapaz de garantizar un juicio justo y un Estado que tortura. Para avanzar los acuerdos comerciales y para perseguir a la oposición internacionalista de izquierda, Colombia es una democracia en el más pleno sentido del término.

 

Pese a declaraciones altisonantes de indignación por parte de las autoridades colombianas ante el caso de Klein, no nos cabe ninguna duda que a las autoridades de Colombia les conviene que Klein esté bien lejos, en Israel, gozando de su libertad o quizás a lo más, pagando una condena irrisoria en un hotel cinco estrellas[17]. Desde allá no podrá revelar los vínculos ocultos mediante los cuales él contribuyó a consolidar el Estado paramilitar. Recordemos que la lógica de silenciar a los que pudieran destapar la olla podrida del Estado colombiano y de su estrategia de guerra sucia primó a la hora de extraditar a los líderes paramilitares colombianos de las antiguas AUC a los EEUU[18]. Cuando estos líderes comenzaron a hablar de sus vínculos con empresarios, políticos, militares y funcionarios, fueron extraditados fuera del país, a purgar condenas por delitos de narcotráfico, con lo cual su relato de la guerra sucia y de los crímenes de lesa humanidad ordenados por el bloque en el poder fue efectivamente acallado. Como se ve, la figura de la extradición puede funcionar en más de un sentido para silenciar las críticas y las verdades molestas…

 

Asilo para los parapolíticos: golpe al lavado de imagen de Colombia

 

Tradicionalmente, han sido los militantes de izquierda, opositores, defensores de derechos humanos y dirigentes populares colombianos los que han debido escapar al genocidio pidiendo asilo en otros países. Pero ahora, como parte de las paradojas de la vida, son los aliados ultraderechistas de Uribe, ciertos elementos de la élite política más parásita, corrupta y delincuencial que ha tenido Colombia[19], los que han comenzado a pedir asilo en el extranjero. La tendencia la inició ni más ni menos que el propio primo del ex presidente Uribe, el parapolítico Mario Uribe, quien corrió a refugiarse a la embajada de Costa Rica en Abril del 2008, cuando vio que se le procesaría por vínculos con paramilitares[20].

 

Recientemente, el ex Ministro Sabas Pretelt buscó infructuosamente asilo también en Costa Rica[21], al ser llamado a juicio por su participación en la cuellopolítica y la yidispolítica, procesos por tráfico de influencias y cooptación de políticos con los cuales se consolidó una red de políticos mafiosa al lado de Uribe y se garantizó, de manera inconstitucional, un segundo mandato para Uribe[22]. Más suerte, tuvo la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien recibió asilo por parte del gobierno criminal de Martinelli en Panamá[23], mientras huye de la Corte Suprema que la busca por la parte que tuvo, como directora de la policía política, en el seguimiento ilegal, acoso y amenazas a dirigentes sociales, miembros de la oposición y magistrados[24].

 

Este asilo es un bochorno para Santos, pues una de las tareas principales que se ha impuesto es la de recomponer la imagen internacional de Colombia como un ejemplo democrático. Por eso se han visto forzados a tomar posición, aún cuando lo hagan de mala gana. Pero mientras la cancillería y la procuraduría colombianas han emitido tibias quejas ante Panamá[25], el ex presidente Uribe ha salido a defender, a capa y espada, a sus socios. En declaraciones hechas en Honduras, Uribe defendió el derecho a asilo de los parapolíticos y torcidos que pululan en las estructuras del Estado colombiano y que forman el círculo íntimo del uribismo, mediante un ataque abierto a la Corte Suprema:

 

 

“Muchos de mis compañeros no tienen garantías y la persecución sobre ellos también amenaza sus vidas: hay imputaciones basadas en testigos con comprobada capacidad de mentir y con claros indicios de estar al servicio de los criminales; la justicia está sometida a la presión permanente de algunos opinadores que inexplicablemente la extorsionan con la pluma difamadora; no ha sido desvirtuada la relación entre la injustificada demora para elegir Fiscal y el interés de presionar en contra del anterior Gobierno; al ex Vicepresidente Francisco Santos se le acusa por una declaración sacada de contexto; a Bernardo Moreno lo destituyen por cumplir el deber en medio de la coacción de la Corte sobre la Procuraduría; a Mario Aranguren lo tienen en la cárcel por cumplir honestamente el deber de analizar movimientos financieros que podrían provenir del narcotráfico; y, el Presidente de la Corte prejuzga.

 

El Estado de Derecho no se desfigura por el asilo que hace parte de la normatividad internacional y doméstica, el Estado de Derecho se anula cuando la justicia se pone al servicio de la política o cae en la trampa de la venganza de los criminales.”[26]

 

 

Las contradicciones detrás del asilo de Hurtado Sabido es que el uribismo se enfrentó de lleno a la Corte Suprema, y que esta no ha querido ceder a la primacía absoluta del Ejecutivo por sobre los otros poderes del Estado[27]. Tal enfrentamiento no se caracterizó por los vicios de carácter de Uribe. No es porque Uribe fuera camorrero y corroncho que había conflicto entre los poderes, sino por la propia naturaleza política del proceso de fascistización liderado por Uribe. Como hemos dicho en un artículo anterior, en casos de crisis hegemónica del capitalismo, como el experimentado por Colombia durante las últimas tres décadas, el Gran Capital busca una cierta “libertad de acción” que le permita imponer su solución a la crisis, saltándose las reglas del juego democrático[28]. Ese es el contexto en el cual se desarrollan procesos de fascistización como el caso colombiano. En palabras de Poulantzas, analizando los fascismos clásicos:

 

 

 

"El derecho (...) ya no regula: es la arbitrariedad la que reina. Lo que caracteriza el Estado de excepción no es tanto que infrinja sus reglas sino que ni aún da sus propias "reglas" de funcionamiento; en el sentido (...) de un sistema, es decir, de un conjunto que prevea -y permita prever- sus propias transformaciones. El caso es particularmente claro en lo que concierne al Estado fascista y a la ‘voluntad del jefe’ (...) Esto toma la forma de un derecho que ya no pone límites de principio entre lo ‘privado’ y lo ‘público’; todo cae virtualmente en la esfera de intervención estatal"[29]

 

 

En este sentido de contradicciones inter burguesas expresadas en el seno del Estado, debe entenderse el ataque de Uribe a la Corte Suprema, y también debe entenderse la relativa autonomía que la Corte Suprema ha intentado mantener y que se expresa en su determinación de juzgar a los parapolíticos. Y Uribe ahora está solo. Él se sabe solo. Santos está tratando de limar las asperezas en el bloque en el poder e intentando recomponer las relaciones cordiales entre los poderes del Estado, aún cuando el Ejecutivo siga siendo hegemónico. Por eso es que Uribe vuelve a la carga, defendiendo ahora el derecho al “asilo” de sus compinches como otra manera de garantizar la impunidad, pues sabe que el próximo puede ser el mismo. Bien podría la oligarquía sacrificarlo como un chivo expiatorio para garantizar la estabilidad del régimen. Y aunque Santos no pareciera estar dispuesto a poner las manos al fuego por Uribe, tampoco estará dispuesto a reaccionar en términos demasiado airados ante el recurso del asilo de los uribistas recalcitrantes. Tal vez algún día él mismo deba refugiarse en una embajada. Al final de cuentas, Santos y Uribe representan fracciones tan sólo ligeramente diferentes de u mismo bloque dominante y ambos están untados por el mismo pecado original –el vínculo con el paramilitarismo y con el terrorismo de Estado.

 

A internacionalizar la solidaridad y profundizar las contradicciones del sistema

 

Este panorama, en que extradiciones van y vienen, unas siguen su curso y otras son negadas, y en donde la ultraderecha recurre al asilo político, nos revela el complejo escenario de internacionalización del conflicto colombiano al que vivimos. En la era de la “Guerra contra el Terrorismo” no es posible esperar que un conflicto de consecuencias tan hondas como el colombiano se restrinja a las fronteras de este país. De esto es conciente el propio Estado colombiano, y a principios de año miembros del cuerpo diplomático sostuvieron una reunión para explorar las maneras de diseñar mecanismos para impedir que en el extranjero surjan voces que hagan “apología del crimen o del terrorismo” –es decir, que cuestionen al Estado colombiano y su guerra contrainsurgente[30].

 

Creemos que el diseño de esa política exterior, elaborada desde los sectores duros del uribismo (y la cual sigue aplicando Santos), se ha venido implementando de manera exitosa. Ella busca:

 

a. Aislar a los actores insurgentes en Colombia por todos los medios. La guerra sucia en Colombia hizo gran parte de esta tarea a nivel doméstico (genocidio de la UP, A Luchar, Frente Popular, diversos movimientos sociales, etc.), por ello la existencia de interlocutores en el plano internacional asumen especial importancia. En este escenario, el acoso judicial (lo que en la jerga del DAS se conoce como “guerra jurídica”) a los internacionalistas asume un rol central, y aún cuando no se consigan todas las extradiciones solicitadas, se consigue que los defensores de derechos humanos, militantes de izquierda, o simpatizantes ideológicos de la insurgencia deban pasar a la defensiva, deban entrar al juego de defenderse en lugar de denunciar al régimen. Cumple también un efecto intimidatorio en el que el temor a la extradición pueda inhibir la menor sombra de “simpatía” (o aún “empatía”) con la insurgencia, aún cuando no sea más que reconocer el origen histórico que ésta tiene en las injusticias estructurales de la sociedad colombiana. Esta política ha sido exitosa en generalizar un discurso político (sobre todo en el sector de las ONGs, el cual fue virulentamente atacado por el uribismo) en el cual se responsabiliza, primero y antes que a nadie, a la insurgencia de cualquier desgracia que ocurra en Colombia.

 

b. Garantizar la impunidad para los crímenes de la oligarquía y del Estado. Tanto la figura de la extradición (ej. Los paramilitares enviados a EEUU por cargos de narcotráfico), de la no extradición (ej. Yair Klein), como del asilo (ej. María del Pilar Hurtado en Panamá), tienen en común que refuerzan la impunidad en Colombia, sobre todo, cuando estas herramientas son utilizadas para silenciar las verdades molestas. Esta impunidad no se da libre de contradicciones –luchas entre organismos del Estado, entre aparatos del Estado, entre ramas del Estado, con sus socios extranjeros, etc. Pero ninguna de esas contradicciones altera por sí sola la apacible calma con la que se perpetúa, día tras día, la cultura de la impunidad en Colombia.

 

Por eso es importante profundizar las contradicciones generadas por esta estrategia de internacionalización del conflicto mediante la guerra jurídica. Mientras se argumenta la extradición de los supuestos “vínculos” de la “guerrilla”, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el gobierno de Panamá (amigo de Colombia) reconocen que en Colombia se tortura y que no existen garantías para debido juicio. Claro, todos sabemos que a quienes se tortura y se condena tras pantomimas jurídicas es a la izquierda, no a la derecha. Pero ese reconocimiento implícito debiera ser explotado a fondo por el movimiento de solidaridad internacionalista con la lucha del pueblo colombiano. Si el Tribunal de Estrasburgo reconoce que en Colombia se tortura, ¿qué cartas tomará en el asunto la Unión Europea en lo relativo al Tratado de Libre Comercio con Colombia? ¿Si Yair Klein no es extraditado a Colombia porque se teme por su integridad física, por qué Chile debería extraditar a Manuel Olate? ¿Cómo entender, entonces, la extradición por parte de Venezuela de supuestos guerrilleros, que ni recibirán juicio justo ni se respetarán sus derechos humanos más esenciales? Si se da asilo a María del Pilar Hurtado, ¿en qué quedamos, es Colombia una democracia o no? ¿Cómo se va a saldar la contradicción entre la necesidad de proteger a los que "saben demasiado" con la necesidad de mostrar una cara normalizada hacia afuera?

 

Obviamente, estas contradicciones no se resolverán de manera espontánea. Aunque esta lucha asuma formas jurídicas, estamos, ante todo, frente a una lucha de carácter político. La oligarquía colombiana, en acuerdo con sus patrones imperiales, tiene un esquema de internacionalización del conflicto bastante claro. Si los sectores populares no internacionalizamos la solidaridad bajo preceptos muy claros, que ataquen los fundamentos mismos de la mal llamada “Guerra contra el Terrorismo”, estamos entregando en bandeja de plata no solamente al pueblo colombiano digno que resiste de mil maneras, todos los días, los embates de un sistema que criminaliza toda forma de disidencia. También estamos permitiendo que se consolide un sistema de criminalización trasnacional de la protesta, del cual cualquiera podría ser víctimas el día de mañana.