LA COMUNA AL TANTO INTERNACIONAL

Álvaro Uribe borrando su huella criminal

SATURDAY, 24 JULY 2010 10:12 JAVIER

A escasas semanas para que finalice el gobierno
de Álvaro Uribe Vélez, éste sombrío personaje
quedará dentro de la geografía histórica de
Colombia, como narcotraficante (un documento
desclasificado por los Estados Unidos en el 2004,
lo muestra en una lista de narcotraficantes
colombianos, allí aparece en el Nº 82, muy cerca
de Pablo Escobar Nº 79), mafioso (es bien
conocida su afición por los caballos, la
ganadería, la posesión de grandes extensiones de
tierra, su lenguaje, las amistades que ha
cultivado, los vínculos de su familia, desde su
padre, hermanos e hijos con la mafia colombiana),
asesino (impulsó el paramilitarismo en Antioquia,
respaldó, apoyó y defendió asesinos como el
general Rito Alejo del Río y al Coronel Alfonso
Plazas Vega y está comprometido en masacres como
la del Aro en el municipio de Ituango Antioquia),
corrupto (ha puesto al Estado al servicio de las
instituciones financieras, sus hijos se han
lucrado por actuaciones de miembros de su
gobierno, su esposa se ha enriquecido con la
venta de Ecopetrol, existe la yidispolítica, la
parapolítica y volvió multimillonario al
"empresario" antioqueño William Vélez) y
explotador del pueblo colombiano (ha dejado en la
pobreza, cuando no en la miseria, a la mayoría de
su población, que se perpetua con programas como
Familias en Acción, ha pauperizado el empleo, le
ha quitado la tierra a los campesinos y nos ha
puesto en la vergonzosa posición de ser el país
más desigual de América latina).

Pero una de sus actuaciones toma especial interés
para el escrito de esta semana. Como
narcotraficante y mafioso, tiene una práctica
particular que comparte con sus congéneres,
intentar borrar cualquier huella que lo implique
con sus crímenes, siendo la ley del silencio, una
de las máximas de sus actuaciones. Esta práctica
ya se veía con la Cosa Nostra o la Camorra en
Italia y luego se replicó en Estados Unidos
donde dio origen a la novela El Padrino.

Veamos cuatro casos en los que se menciona esta
práctica en la que ha incurrido el mafioso paisa.
Primero, el asesinato o desaparición de los Doce
Apóstoles para que no hablen sobre él o contra su
hermano Santiago Uribe; segundo, la extraña
muerte de Pedro Juan Moreno; tercero, la
extradición de los principales jefes
paramilitares a Estados Unidos y; cuarto, el
asesinato del testigo clave de la masacre del
Aro, el paramilitar Francisco Villalba.

El caso de los Doce Apóstoles ha sido presentado
recientemente por el testimonio del ex mayor
retirado de la Policía Nacional, Juan Carlos
Meneses Quintero, quien denuncia a Santiago Uribe
de haber creado en la década del 90' el grupo
paramilitar en el municipio de Yarumal.
Igualmente señala que Álvaro Uribe como Senador y
luego gobernador en Antioquia tenía conocimiento
y apoyaba las actividades de su hermano. Lo
interesante de tales denuncias es que el mismo ex
policía señala que la mayoría de miembros del
grupo paramilitar fueron asesinados y él mismo
comenzó a tener amenazas por toda la información
que conserva y que implica a la familia
presidencial. Sólo a partir de la protección a
nivel internacional y la denuncia, le ha
permitido sobrevivir. Pero como toda mafia, el
iracundo Uribe ha salido a descalificar a Meneses
y de paso a señalar como "idiotas útiles" a
quienes están investigando los hechos, entre
ellos al Premio Nobel de Paz Adolfo Pérez
Esquivel y al Padre Jesuita Javier Giraldo.

El otro caso es el de Pedro Juan Moreno, quien
como secretario de la gobernación de Antioquia
durante el mandato de Uribe, se reunió varias
veces con el paramilitar Carlos Castaño, según
testimonio del desmovilizado Fredy Rendón "El
Alemán", para consolidar el proyecto paramilitar
en el país con las denominadas Convivir.
Seguramente este personaje sabia demasiado sobre
su jefe y comenzó a comprometer en delitos de
corrupción a personas cercanas al gobierno de
Uribe con su revista "La Otra Verdad". Por eso,
resulta extraña su muerte el año 2006 siendo
candidato al Senado de la República, cuando el
helicóptero en el que viajaba se precipita al
suelo en la región del Urabá. El mismo
paramilitar Salvatore Mancuso reveló desde
Estados Unidos que Moreno tenía conocimiento de
los hechos de los paramilitares como la masacre
del Aro y recientemente se ha pronunciado el
carnicero de Urabá, el general Rito Alejo del
Río, comandante de la Brigada XVII del Ejercito
con sede en Carepa entre 1995 y 1997, actualmente
procesado por el asesinato de dos campesinos,
quien señaló que la muerte de Moreno fue un
asesinato y que se debía investigar.

Además está la sorpresiva y masiva extradición de
14 capos en mayo de 2008 hacia los Estados
Unidos, tuvo como objetivo principal acallar las
posibles acusaciones sobre militares, políticos y
empresarios que financiaron, promovieron y
apoyaron el desarrollo del paramilitarismo en el
país. La orden la dio directamente el presidente
Uribe. Y ha logrado un éxito sorprendente, aislar
completamente a la dirigencia paramilitar de la
justicia colombiana que los interrogaba por la
violación a los Derechos Humanos y entregarlos a
los gringos por el delito de narcotráfico. Los
Estados Unidos no se tomarán demasiadas molestias
por el tema de los Derechos Humanos mientras la
información no sea provechosa para sus intereses
particulares, y Uribe logra blindarse
parcialmente por posibles investigaciones en su
contra, al estar la dirigencia paramilitar a
recaudo del país que tiene el mayor prontuario en
violación de Derechos Humanos en la historia
contemporánea.

Por último está el caso más sorprendente. El
asesinato el 23 de abril de 2009 del ex
paramilitar Francisco Villalba, uno de los
ejecutores de la masacre de El Aro, quien afirmó
que el presidente de la República, Álvaro Uribe
Vélez, estuvo involucrado en la planeación y
logística de la masacre. Villalba fue asesinado
por sicarios cerca de su casa, en el barrio La
Estrella de Medellín, cuando estaba acompañado de
esposa y su hija de 4 años. Los hechos en 1997
ocurridos en la masacre de El Aro, pequeño
poblado de 60 casas ubicado en la zona rural de
Ituango, norte de Antioquia, se extendieron
durante siete días, a finales de octubre de 1997,
en los que las ACCU (Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá) torturaron, asesinaron y
descuartizaron a 17 personas, quemaron 42 casas,
se robaron 1.200 reses y desplazaron a la
totalidad de la población, sin que las
autoridades regionales o nacionales hicieran algo
para impedir la masacre, a pesar de las
reiterados pedidos de auxilio hechos desde la
Alcaldía de Ituango a la gobernación de
Antioquia, precedida por su mandatario, Álvaro
Uribe Vélez.

El comportamiento mafioso queda evidenciado en
estas actuaciones de Álvaro Uribe Vélez, quien
bajo la ley del silencio, busca borrar los
delitos que ha cometido en toda su carrera
política. La historia del país lo recordará como
el presidente que llegó al poder respondiendo a
las entrañas de las estructuras mafiosas,
paramilitares y narcotraficantes que dominaron al
país Andino a finales del siglo XX e inicios del
XXI.